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Nuevas normas de transparencia fiscal internacional y secreto bancario

Nuevas normas de transparencia fiscal internacional y secreto bancario

05 Agosto, 2016

El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento con cambios tributarios.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones en el secreto bancario y normas de transparencia fiscal, en el cual se traslucen dos objetivos claros del gobierno: cumplir estrictamente con los estándares internacionales sobre transparencia fiscal e intercambio de información con fines tributarios, y el desestímulo a la utilización en los agentes económicos de sociedades radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (coletazo de Panama Papers).

Estos importantes cambios normativos abarcan modificaciones al secreto bancario, la creación de un registro de beneficiarios finales, y ajustes en la normativa fiscal.

Modificación del secreto bancario

Uruguay suscribió recientemente el convenio para intercambiar en forma anual y automática información financiera de los no residentes fiscales que operan en su sistema financiero. El marco normativo actual no permite cumplir con tal compromiso, por lo cual se imponía la necesidad de efectuar modificaciones al secreto bancario.

Las entidades financieras deberán enviar a DGI en forma automática y anual los saldos y rentas de las cuentas (incluye títulos de deuda, participación enfideicomisos y fondos de inversión) mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades, sean o no residentes fiscales en Uruguay.

En las cuentas cuyos titulares sean entidades consideradas de alto riesgo, según criterios a definir por el Poder Ejecutivo, también se deberá informar el beneficiario final. Esta información podrá ser utilizada por DGI en sus actuaciones inspectivas.

El concepto de entidad financiera es amplio, abarcando las que realizan actividad de intermediación financiera, actividad de custodia o inversión, aun cuando no estén bajo la supervisión del BCU, y a las aseguradoras.

Creación de registro de beneficiarios finales y accionistas de sociedades

En el ámbito del registro creado en el BCU en 2012 para identificar los accionistas de las sociedades con acciones al portador, se amplía la información y agentes que deben ser reportados.

A partir del 1º de enero 2017 las entidades residentes en el país, incluyendo las sociedades anónimas con acciones nominativas o portador, fideicomisos, fondos de inversión, o entidades no residentes que actúen mediante establecimiento permanente o que su sede de dirección radique en el país, deberán registrar sus accionistas y beneficiarios finales.

El incumplimiento de la norma conlleva multas, imposibilidad de pago de dividendos, rescates o reembolsos de capital, suspensión del certificado único en DGI, publicidad de infractores, e imposibilidad de inscribir actos en Registros.

La creación de este registro acompaña una tendencia mundial promovida por la OCDE, y actualmente se analiza la instrumentación de un intercambio automático de dicha información entre los países.

Ajustes en la normativa tributaria

El objetivo es desincentivar operaciones con entidades constituidas o que se beneficien de un régimen de baja o nula tributación. Se prevé el aumento de la tasa general para las rentas de fuente uruguaya obtenidas por dichas entidades al 25%: actualmente es 12%.

Se consideran de fuente uruguaya la transferencia de acciones de estas entidades del exterior, cuando el 50% de los activos se integre directa o indirectamente con bienes situados en Uruguay.

Cuando una persona física sea titular de una entidad de baja o nula tributación, y esta obtenga rentas del exterior, la totalidad de las rentas devengadas serán asignadas a la persona física.

Esto amplía las rentas gravadas, ya que abarcaría todo tipo de renta del exterior y no solamente los intereses y dividendos que contempla la normativa actual.

Las entidades de baja o nula tributación propietarias de inmuebles tributarán por las rentas que obtengan en el arrendamiento o enajenación una tasa de 30,25%, (actualmente 12%), y la tasa anual del impuesto al patrimonio se incrementa de 1,5% a 3%. Se establece un período de transición hasta el 30 de junio de 2017 con exoneración de impuestos para transferir los inmuebles siempre que el adquirente no sea otra entidad de baja tributación y se clausure en DGI a la entidad enajenante.

Restaría definir si aplicaría en estas operaciones la ley de inclusión financiera. Las rentas que obtengan entidades de baja o nula tributaciónen operaciones de exportación o importación con empresas locales vinculadas, será parcialmente considerada de fuente local, y la empresa solidaria por el impuesto a la renta generado.

El proyecto consagra la política del gobierno en implementar la totalidad de las normas de transparencia fiscal exigidas por la OCDE.

Los ministros de finanzas del G20 en reunión del pasado 23 y 24 de julio acordaron las bases para la emisión en julio 2017 de una lista de jurisdicciones no cooperantes en transparencia fiscal, y es claro que nuestro país no desea repetir lo sucedido en 2009.

Es de esperar que la próxima novedad normativa sea la regulación de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos, con el propósito de cumplir las recomendaciones de GAFI, del cual Uruguay será inspeccionado en 2019.


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